Las grandes necesidades que el pueblo colombiano padece en su diario vivir, consecuencia de la quiebra de la economía nacional, producto del modelo económico capitalista que se sostiene con la explotación y dominación de las mayorías empobrecidas de la nación, han llevado al movimiento social, históricamente a lanzarse a las calles haciendo uso del legítimo derecho a la protesta social para exigir al régimen condiciones de vida digna.

Como resultado de estas movilizaciones se ha abocado al Estado a sentarse en mesas de interlocución, para que escuche y atienda las justas reclamaciones y las propuestas de solución que desde el pueblo organizado se vienen gestando en ejercicios claros de autonomía, autodeterminación, soberanía y democracia popular. Sin embargo, la respuesta del Estado sigue siendo la misma, incumplimientos y dilación a los acuerdos pactado.

Esta situación ha llevado a que las comunidades, consecuentes con los objetivos de su organización social, retomen las jornadas de protesta en diferentes puntos de sus territorios. Es así, como Los pobladores de Usme y Ciudad Bolívar en Bogotá, vecinos al Relleno Sanitario Doña Juana, se han movilizado para exigir sus derechos a la salud y vida digna, pidiendo no expandir el basurero, mejorar las condiciones ambientales, y buscar nuevas tecnologías de uso de basuras y lixiviados, ya que estos problemas de salubridad y riesgos sanitarios lo soportan desde hace más de 30 años y son de conocimiento de las autoridades competentes.

Esta misma decisión de organización, la han tomado comunidades de Yopal, residentes de los asentamientos “subnormales”, quienes constantemente se movilizan por su derecho a la vivienda digna; movilizaciones en Arauca, Buenaventura y Choco en exigencia y defensa de los bienes de consumo colectivo; las luchas por el uso y tenencia de la tierra para la producción de alimentos y cuidado del agua dada por campesinos, afros e indígenas en el Sur de Bolívar, Cauca y Meta; el magisterio se alza en defensa de la educación como derecho fundamental y por sus reivindicaciones laborales, etc., todo ellos como una apuesta nacional de construcción de un país para la vida digna.

Por lo anterior, el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia:

1. Apoya irrestrictamente las acciones de exigibilidad de derechos que las comunidades vienen haciendo en defensa de sus derechos fundamentales.

2. En consecuencia, rechazamos categóricamente la represión militar y judicial que el Estado ha tenido para con el pueblo que se organiza y exige sus derechos, como son los casos de las detenciones injustas de que fueron víctimas, durante el fin de semana, los compañeros PEDRO PABLO CASTELLANOS BALBUENA, presidente de la Cooperativa Multiactiva de la Salina-Casanare –COOMULSALINA-, el dirigente comunal de Sácama-Casanare REYNALDO EFRAÍN GONZALEZ, la líder comunitaria ROSA HERRERA y el líder campesino GABRIEL VALDERRAMA CUEVAS, todos ellos miembros de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro “ASONALCA”, sindicados del delito de Rebelión.

3. Así mismo, denunciamos el trato militar que el Estado le dio a la justa protesta de los vecinos del relleno sanitario Doña Juana, donde el ESMAD arremetió criminalmente contra los manifestantes y se produjo la captura ilegal y arbitraria de los jóvenes JONATAN MARTINEZ, MAURICIO BERNAL, SAMUEL AYA, ANTONIO FONSECA, EDUAR RODRÍGUEZ, YEISON RODRÍGUEZ y SERGIO LEONARDO CHARRY, este último miembro de la Fundación de Derechos Humanos PASOS, quien hacía seguimiento y acompañamiento jurídico a la protesta social. Estos jóvenes fueron brutalmente golpeados por los policías y la privación ilegal de su libertad se prolongó por más de cuatro horas.

4. Reiteramos la exigencia al Estado colombiano, para que respete los derechos de organización y protesta social, parar con las judicializaciones de dirigentes sociales y participantes en movilizaciones sociales, así como, se de aplicación al derecho fundamental del debido proceso en los casos de los demás líderes sociales judicializados.