DENUNCIA PÚBLICA
VEREDA PIO XII – GUAMAL, META 15 DE OCTUBRE
I. ANTECEDENTES
La Corporación Choapo ha venido denunciando la violación sistemática de derechos fundamentales de la comunidad de PIO XII en el municipio de Guamal, en cabeza de la fuerza pública y el ESMAD que ha actuado en favor de la
empresa ECOPETROL S.A. Una de las denuncias realizadas se debió a la detención ilegal el 2 de octubre del 2017 de la señora MARISOL PARRA, habitante y líder social de la comunidad en mención, quien había sido sometida a
tratos intimidantes, violentos y degradantes por parte de la policía y el ESMAD, quienes servían como seguridad para el ingreso de maquinaria pesada por la “Trocha 12” (vía de ingreso a la vereda), sin tener en cuenta el compromiso de discutir en una mesa con representantes de la comunidad y ECOPETROL, entre otras cosas, la solución a daños materiales y ambientales sufridos en esta vía.
La detención ilegal de MARISOL PARRA, se da en marco de un plantón pacífico[1], instalado por la comunidad en febrero del 2017, en rechazo de la intervención de ECOPETROL S.A en su territorio y exigiendo respeto por la vocación agrícola de este. Ese 2 de octubre la fuerza pública desplegó aproximadamente 60 miembros de la fuerza pública, con único fin de dar paso a la maquinaria que tenía como objetivo la adecuación del pozo Trogon-1. La comunidad se indigna y reclama llegar a un acuerdo por daños sufridos en la vía trocha 12, debido al ingreso permanente de maquinaria, es cuando los integrantes de la fuerza pública violentan verbal y físicamente a la líder social MARISOL PARRA y otras mujeres que se encontraban en el sitio; posterior a esta provocación, violencia física y psicológica a la que fueron sometidas, la fuerza pública inmoviliza y retiene a la señora Marisol, dando como resultado la detención ilegal sobre las 5 pm, y solo hasta las 10 pm fue atendida en el hospital de Guamal, por los golpes que le propinó la fuerza pública, para posteriormente conducirla al calabozo estando su salud quebrantada.
I.I Sistematicidad en violación de derechos humanos
Este no es un caso aislado, ya que en muchas partes del país líderes sociales son amenazados, asesinados o judicializados, con el único objetivo de reprimir la lucha y exigencias legítimas que realiza una comunidad, como es el caso de MARISOL PARRA, la cual ha sido agredida en más de una oportunidad por la Fuerza Pública por participar y exigir bienestar en su territorio.
Solo en municipio en la vereda Pio XII, tenemos líderes como RAFAEL TELLEZ, SULLY TELLEZ, FERNANDO OMBITA, RICARDO TELLEZ, DIEGO SALCEDO, EDGAR HUMBERTO CRUZ, y GERMAN SUAREZ, quienes han sido judicializados por hechos dados en medio de manifestaciones pacíficas brutalmente reprimidas al servicio de ECOPETROL S.A. y en contra de la comunidad.
Dichas manifestaciones pacíficas se dieron entre otras razones por una serie de incumplimientos por parte de ECOPETROL S.A. como el desconocer pronunciamiento de la Procuraduría 6 Judicial II Agraria y Ambiental del Meta – Vaupés – Vichada – Guainía – Guaviare quien manifestó la necesidad y procedencia de una medida preventiva debido a incumplimientos de la empresa ECOPETROL S.A, tales como la falta de socialización del Plan de Manejo Ambiental Específico, la falta de elaboración de inventarios de cuerpos hídricos, la falta de elaboración de la ficha denominada “intervención de Unidades Agrícolas Familiares y/o de áreas de economía campesina”, la no
vinculación de la comunidad aledaña al proyecto dentro del grupo de verificación de buenas prácticas ambientales, entre otros.
La solicitud directa a ECOPETROL S.A radicaba en la suspensión de las actividades en la mayor brevedad posible, antes de causar un daño irreversible, en la plataforma correspondiente al pozo exploratorio Trogon-1, hasta que se
evidencie el cumplimiento de dicha empresa a todas las obligaciones consagradas en la resolución 0331[2] del 15 de mayo de 2012 y sus actos modificatorios…” Una vez desconociendo estas obligaciones y efectuada su fase de exploración ECOPETROL S.A. anuncia el 1 de noviembre del 2017 su finalización en el pozo Trogon -1 alcanzando una profundidad de 10.883 pies, y dio paso a exploración en Lorito -1, ubicado en la vereda Montecristo en el mismo Municipio. Recientemente confirmó la empresa colombiana la presencia de petróleo pesado en dicho pozo.
II. DENUNCIAMOS
Que el día 14 de marzo del 2018, el Juez segundo Penal del Circuito de Villavicencio – LUIS EFRÉN BLANCO responsabilizo a MARISOL PARRA líder de la vereda Pio XII Guamal- Meta, por supuestas agresiones que se propinaron a miembros de la fuerza pública en medio de la manifestación del 2 de octubre del 2017. En propias palabras del juez “No se puede levantar la mano contra el padre, digamos el hijo levanta la mano contra el padre cuando el padre no está haciendo una agresión, está haciendo una intervención”.
Más adelante continúa argumentando el funcionario judicial “Para el caso en concreto no logró verificarse que las lesiones que presentaba la señora Parra, como indiciada, fueran inferidas por exceso de la fuerza pública, los agentes del orden o al ser resultado de un trato cruel inhumano degradante o que hubiera sido torturado o que hubiese sido tratado con vejámenes por lo tanto no puede ser este el argumento para decretar ilegal el acto de la captura”. Es evidente en esta decisión la falta de toda objetividad legal a la hora de analizar el caso en concreto, donde no reconoce los tratos a los que fue sometida MARISOL PARRA, las agresiones verbales por parte de la misma fuerza pública y el desconocimiento a todo control de su fuerza de policía y actividad.
Como bien lo expresa la reciente Sentencia C-223 del 2017, frente al derecho de reunión, manifestación y protesta, donde se refiere al control de la fuerza y el procedimiento para regular esta; además, se refiere, “frente a la persecución penal, todas las actuaciones que se adelanten, deben estar enmarcadas en el debido proceso y en razones constitucionales de necesidad y proporcionalidad de cada medida. El estado debe evitar la selectividad penal de los acusados o aquellas persecuciones preferente a criminalizar la protesta social por el solo hecho de expresar ideas, obstruir vías públicas o por solo perturbar el orden público”.
Es vergonzoso ver criminalizada la protesta social en la decisión del juez Municipal, en las operaciones de la fuerza pública y en las órdenes del Municipio de Guamal; instituciones que no acatan las exigencias de la comunidad y por el contrario arremete y judicializan.
POR LO ANTERIOR
PRIMERO: Denunciamos la decisión del Juez segundo Penal del Circuito de Villavicencio – LUIS EFRÉN BLANCO, la cual se toma como una valoración estigmatizante que encrudece y agrava la vulneración de los derechos de los
líderes del municipio de Guamal y Departamento del Meta.
SEGUNDO: Denunciamos la violación sistemática de los derechos humanos de la comunidad de Pio XII, con complicidad del Municipio, ECOPETROL S.A, Fuerza Pública y Poder Judicial.
TERCERO: Rechazamos el abuso repetitivo, al que la fuerza pública ha sometido a la líder social Marisol Parra, lo que ha demostrado pasividad y complicidad de las instituciones estatales ante la violencia de género.
CUARTO: Rechazamos la represión estatal mediante la fuerza pública, como su única respuesta a los requerimientos de las comunidades en busca de mantener una vida libre de amenazas al bienestar colectivo.
QUINTO: Exigimos al Estado Colombiano, a la gobernación del Meta y a la alcaldía de Villavicencio y Guamal garantizar los derechos fundamentales de MARISOL PARRA y demás líderes judicializados de la comunidad de Pío XII, a su vez los responsabilizamos de los daños y perjuicios que se han causado hasta el momento a toda la población.
[1] El Plantón pacifico fue levantado en noviembre del 2017 por la comunidad ante el retiro del taladro y
maquinaria de la vereda.
[2] Por la cual se otorga licencia ambiental para el proyecto denominado “Área de Perforación Exploratoria
CPO9″, localizado en jurisdicción de los municipios de Acacias, Castilla la Nueva, Guamal, Cubarral y San
Martín en el departamento del Meta
CORPORACIÓN CHOAPO SEMBRANDO VIDA Y LIBERTAD CONGRESO DE LOS PUEBLOS - META