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Entre muertes violentas y represión transcurre la vida de los araucanos

Saravena, 25 de febrero de 2019.

DENUNCIA PÚBLICA

Ocho homicidios en los últimos seis días del mes de febrero, son una cifra alarmante en un departamento con fuerte presencia y control militar. Sin embargo, ese incremento del pie de fuerza en el territorio, no representa garantías para la vida, honra y bienes de la población civil.

El conflicto político, social y armado sigue agudizándose en la región, cobrando la vida, integridad y libertad de sus pobladores, quienes ven pasar sus días entre la falta de oportunidades laborales, de salud, educación, vivienda digna, y la estigmatización, señalamientos, persecución, y asesinatos selectivos.

Esta fundación documentó ocho nuevos casos de homicidios selectivos contra miembros de la población civil en el departamento de Arauca.

  • El 20 febrero sobre las 8:30 a.m., fue asesinado ADRIÁN SUAREZ FERNÁNDEZ, de 43 años de edad, en inmediaciones del Barrio Cuatro de Diciembre del municipio de Saravena.
  • El 21 de febrero, murieron de manera violenta tres personas. En la vía que del Centro Poblado de Santo Domingo conduce a la cabecera municipal de Tame, fue ultimado el señor VILLAER MORA SALAMANCA de 28 años de edad; hacia el mediodía, en la vereda el Samuco municipio de Cravo Norte, la víctima fue el señor ELIÉCER ANDRÉS MENESES, de 37 años de edad; y en la vereda Miramar del municipio de Saravena el joven de nacionalidad venezolana JOSÉ JERFERSON NÚÑEZ DÍAS de 22 años de edad.
  • El 23 de febrero, aproximadamente a las 9:00 p.m., en el barrio Cabañas del Rio en inmediaciones de la Cancha Los Güires de la capital araucana, fueron asesinadas dos personas de sexo masculino, con edades promedio de 20 a 40 años de edad, cuyos cadáveres se encuentran en Medicina Legal, aún sin identificar.
  • El 24 de febrero, se produjeron dos nuevos asesinatos. Uno en jurisdicción de la vereda Santo Domingo, esta vez la víctima fue el indígena DEMETRIO BARRERA FUENTES, exgobernador de la comunidad Cuiloto II del municipio de Tame; y el segundo caso, en inmediaciones de la vereda Miramar del municipio de Saravena, un joven de aproximadamente 17 años, cuyo cuerpo sin vida, aún se encontraba en la morgue municipal al momento de redactar este documento.

Nuestro departamento se desangra en medio de un conflicto armado, al cual el Estado colombiano no ha mostrado interés por resolver de manera política, pero sí se empeña en entrometerse apoyando y sirviendo de punta de lanza a la intervención de los EEUU en la hermana República Bolivariana de Venezuela, hecho que profundizará aún más, la grave crisis social y humanitaria, aumentando con ello el número de muertos y desplazados de la región.

Por lo cual elevamos una vez más, nuestra exigencia al Estado colombiano a cumplir con su responsabilidad constitucional, de proteger a todos los ciudadanos, en su vida, honra, bienes y demás derechos fundamentales. A los organismos de justicia y control a adelantar las investigaciones pertinentes por estos hechos.

A la comunidad Nacional e Internacional, les reiteramos el llamado a redoblar sus esfuerzos para monitorear y visibilizar la crisis social y humanitaria que afronta la región, en la búsqueda de protección a sus pobladores.

A los actores del conflicto armado, avanzar en la búsqueda de salidas políticas al mismo, y en el entretanto, mantener a la población civil fuera de sus acciones.

En la guerra los muertos los ponen las familias más humildes del país y no la clase oligarca, por lo cual hacemos un llamado a la población en general a rechazar todo hecho que vincule a la población civil directa o indirectamente en el conflicto armado, así mismo, rechazar la declaratoria de guerra que vincula a nuestro país en un conflicto internacional con una posible intervención militar de los imperios a la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Al Estado colombiano y su gobierno, le exigimos resolver el conflicto social, político y armado que vive nuestro país, antes que intervenir en asuntos de otras naciones.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA

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