Saravena – Arauca, 22 de octubre de 2018
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Las compañías petroleras y el Régimen se confabulan para estigmatizar, perseguir y judicializar a nuestros líderes sociales en el afán de profundizar el saqueo minero-energético.
La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro “ASONALCA” Seccional Arauca en el marco de la lucha legítima por la defensa del trabajador del campo, por el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, el acceso a la tierra, el equilibrio socio económico con sentido colectivo y la permanencia en el territorio, rechaza y denuncia los hechos ocurridos en la noche del día 19 de octubre de 2018, en un operativo conjunto entre el ejército, la policía y unidades del CTI, la detención de la que fue objeto nuestro líder campesino y comunal Horacio Lizarazo a través de un montaje por parte de estos miembros de las fuerzas públicas.
El compañero Horacio Lizarazo es miembro de la junta de acción comunal de la vereda San José de Caranal y líder campesino de Asonalca en el municipio de Arauquita, donde le llegaron a la casa en donde se encontraba con su esposa e hijos descansando, familia que fue brutalmente maltratada por los efectivos de la fuerza pública en la que le allanaron su casa, revolcando todas las pertenencias de esta familia, intimidaron a la mujer con maltratos en presencia de los menores de edad, igualmente al líder social Horacio Lizarazo; según los funcionarios en la casa encontraron un artefacto explosivo, pero su esposa manifiesta que ese artefacto fue puesto por la misma fuerza pública en el momento del allanamiento. Días antes el compañero había denunciado ante la personería el asedio y persecución por parte del Ejército Nacional, debido a que en el territorio se pretende explotar un pozo petrolero, donde la comunidad no está de acuerdo y Horacio como líder comunal y campesino venía liderando como miembro del equipo de apoyo de la consulta popular en contra de la exploración y explotación petrolera y el fracking, recolectando firmas y liderando a que este territorio no fuera explotado por la transnacionales petroleras ya que iban a causar daños sociales y ambientales en el territorio.
La explotación petrolera en el departamento de Arauca, ha sido un factor generador de desigualdad, violencia, guerra, persecución y estigmatización contra el movimiento social, desde 1983 que arranco con la explotación petrolera en el departamento de Arauca. Desde entonces las comunidades se han visto obligadas a movilizarse y rechazar estos proyectos, debido a la incoherente política minero- energética del gobierno nacional, donde las compañías tienen todo el apoyo institucional, de lo cual las compañías han tomado una actitud de engaño y prepotencia contra las comunidades, a las cuales no se le ha querido invertir la compensación requerida para mitigar los daños hechos por estas operaciones petroleras. En donde se ha utilizado la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación para actuar en contra de las comunidades que reclaman sus derechos a estas compañías.
Durante este recorrido en busca de la Defensa del Territorio, la vida, el ambiente y los derechos humanos; las comunidades le hemos reclamado la deuda social que tiene estas compañías y el Estado por más de treinta años, en la que el Estado siempre ha respondido con represión y abandono al pueblo araucano.
En el contexto de hoy y en el periodo de este nuevo gobierno, su apuesta es la profundización del modelo Minero-Energético y no para la inversión social, sino para favorecer las multinacionales. En el caso de nuestro departamento de Arauca, esta es una de las tareas que ya se comienzan a ejecutar, ya que conocemos de nuevas áreas de expansión petrolera para la explotación de nuevos pozos petroleros en el departamento; en contra de esta situación de remetida gubernamental y multinacional, los movimientos sociales y las comunidades venimos desarrollando acciones y propuestas en defensa de las comunidades como lo son La Declaración de Territorios campesinos Agroalimentarios, consultas populares, audiencias públicas y movilizaciones de exigibilidad de derechos.
Por eso consideramos que la detención de nuestros compañeros Hermes José Burgos y Horacio Lizarazo Bernal, hacen parte de una confabulación y Plan de persecución por parte del Estado y las Compañías Petroleras, como retaliación por la oposición y resistencia que han puesto las comunidades en contra de estas políticas del Gobierno Nacional. Por lo cual responsabilizamos a las compañías petroleras de toda la persecución, encarcelamiento que el Estado hace en contra de los líderes sociales y comunidad en general y por los factores de violencia que surjan contra las comunidades que estén dentro de las zonas petroleras.
Hacemos un llamado a la comunidad, nacional e internacional y a las Organizaciones de Derechos Humanos, a estar vigilantes y hacer el
acompañamiento a las comunidades contra cualquier hecho que se presente en estas zonas del departamento de Arauca.
¡Ser líder social no puede ser un delito! Por el contrario, es un acto de valentía hacer cumplir el derecho que tenemos todos y todas, aún más por las voces que han sido calladas, porque en Colombia se está causando un genocidio contra los pueblos.
Por la recuperación del campo para los campesinos, para una vida digna, UNIDAD Y LUCHA