Centro Oriente de Colombia, 12 de mayo de 2019

El movimiento social y de defensores de derechos humanos, venimos afrontando un verdadero genocidio político y una brutal persecución judicial y de amenazas contra la vida, integridad y libertad. No en vano desde el 2016 han sido asesinados más de 600 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, al menos 100 compañeras y compañeros se encuentran judicializados y algunos de ellos encarcelados, y otras 1.200 víctimas de diferentes agresiones tales como seguimientos ilegales, amenazas, constreñimientos y señalamientos.

En ese contexto, el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, desde el 2015 nos han asesinado a cuatro (4) compañeros, dos de ellos en Arauca, uno en Casanare y otro en Bogotá; de igual manera veinte (20) judicializados de ellos hay nueve (9) encarcelados; y al menos 15 casos documentados de seguimientos ilegales, hostigamientos y amenazas.

Para agravar la situación, el día 11 de mayo, fueron distribuidos en algunos sectores del casco urbano de Saravena y a través de redes sociales, un panfleto a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que se amenaza de muerte a algunos dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, y en general con el exterminio a los miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca, a quienes nos señalan de tener “vinculación con grupos insurgentes, que impulsan la injusta y engañosa lucha social ilegítima y promoviendo manifestaciones ilógicas en los municipios del departamento de Arauca, solo buscan en realidad el fortalecimiento de sus estructuras urbanas con una influencia ideológica del ELN y las DISIDENCIAS DE LAS FARC”

Este tipo de amenazas ocurren en el marco de la movilización nacional e internacional como fue el Refugio Humanitario, los actos realizados en Europa y América, y los llamados de organismos internacionales como la ONU, que busca visibilizar y llamar la atención frente a la crisis humanitaria y la responsabilidad del Estado en ese genocidio político, encaminado a lograr que se adopten las urgentes medidas para proteger y garantizar la labor social.

Definitivamente no son hechos aislados, sino que corresponden con esa política de criminalización de la protesta social, estigmatización, persecución e infiltración de marchas y movilizaciones, que se han intentado legitimar con las declaraciones que el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa, el alto mando de la Fuerza Pública y las explicaciones de la Ministra del Interior, que hablan de acciones direccionadas por la guerrilla, acciones de grupos vandálicos, daños en bienes públicos y vulneración de derechos de quienes no participan en las protestas, así como, supuestas infiltraciones de estos grupos en las organizaciones sociales y universidades del país.

A pesar que se ha intentado minimizar los alcances de amenazas como las que hoy denunciamos, con la afirmación de que no existen paramilitares en regiones como la nuestra, lo cierto es que, este eje de la estrategia criminal de agresión del Estado contra nuestro pueblo, se ha implementado en nuestros territorios, como se ha evidenciado no solo con nuestras denuncias, sino con los pronunciamientos judiciales que los organismos de justicia y control se han visto obligados a reconocer.

Ejemplo de ello, la responsabilidad del Estado en la masacre de La Cabuya donde miembros del Ejército fueron condenados por asesinar a esos dirigentes sociales a nombre de supuestas AUC; y en la implementación del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia, durante los años 2000 a 2005, responsables de miles de asesinatos, masacres, desplazamientos, amenazas, extorsiones, violencia sexual, bajo la dirección política y el financiamiento de personajes como el exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal, el exalcalde de Tame Alfredo Iván Guzmán Tafur, y funcionarios de la Fuerza Pública condenados por esos vínculos. Acciones que continuaron después de la supuesta desmovilización, bajo otros nombres y modalidades.

Por lo anterior, responsabilizamos de cualquier acción criminal que pueda ocurrir en nuestra vida e integridad, de las personas nombradas en ese panfleto y de todos los miembros de nuestro movimiento social, al Estado colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, el Ministro de Defensa Guillermo Botero, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, por ser éstos quien nos ha estigmatizado y criminalizado nuestras luchas, así como a los altos mandos de la Fuerza de Tarea Quirón, Brigada 18 y del Departamento de Policía de Arauca, quienes tienen el control sobre la seguridad y orden público para el caso del territorio araucano. Les exigimos cumplir con su obligación constitucional y legal de proteger la vida e integridad de los colombianos y colombianas, e investigar los hechos aquí denunciados.

A la Defensoría del Pueblo les pedimos activar el Sistema de Alertas Tempranas y monitorear la situación general de DDHH y DIH.

A la comunidad internacional, los convocamos a acompañar las justas luchas de las comunidades y a hacer el seguimiento y lobby correspondiente para su protección y garantía del trabajo social.

A nuestras bases sociales y a la comunidad en general los llamamos a no dejarnos amedrentar por este tipo de hechos, por el contrario, mantenernos activos en nuestra lucha social materializando nuestro plan de vida hasta lograr la transformación de la sociedad; los invitamos a fortalecer nuestros mecanismos de autoprotección comunitaria; y a denunciar y visibilizar los hechos que afecten su labor y el territorio. De nuestra parte les reiteramos nuestro compromiso de lucha, resistencia, permanencia y avanzada social.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!

¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!

¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS…CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!