Contexto Mundial y Latinoamericano

Mucho se habla de la crisis del modelo capitalista, donde se augura su fin, sin embargo, las transnacionales cada vez acumulan más sus ganancias. Esto necesariamente nos debe llevar a reflexionar y diferenciar sobre el papel que juegan los estados nacionales y su responsabilidad en satisfacer las necesidades de la población, y la economía transnacional que a través de los conglomerados transnacionales financieros (CTF) acumula en detrimento de la estabilidad de la  vida, la especie humana y del planeta mismo. Según analista la crisis del modelo capitalista es cíclica, es decir que se repite cada cierto periodo, y que se supera a través de las guerras y el desarrollo de la industria armamentista.

 

Por ello, cuando se anuncia crisis en el mundo, también se vienen las guerras del imperio contra los pueblos, para garantizar el saqueo de los recursos naturales y saciar su economía de consumo, que hoy en día representan en el caso de Estados Unidos el 5% de la población mundial y consumen el 80% de los recursos naturales, es decir no produce lo que consume y su deuda externa  cada día es más grande.

Este consumo desproporcionado lleva al modelo a afianzar su geopolítica imperial sobre regiones de reservas de recursos naturales; caso Libia, Irán, Siria, Iraq, Afganistán, y algunos países latinoamericanos, como sucede con el intento de desestabilizar el gobierno y la revolución bolivariana, justificando su barbarie y atrocidades con palabras como paz y democracia.

No obstante ello, siguen soplando vientos progresistas en América Latina, inspirados por la revolución cubana, como ejemplo de dignidad y lucha; continúan procesos de izquierda consolidando gobiernos como en Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua. También se mantienen gobiernos nacionalistas con contradicciones frente al imperialismo, como en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y recientemente en Perú. La construcción de procesos alternativos a las políticas imperialistas como UNASUR, ALBA, CELAC, el Foro Social Mundial, etc.

 

Los Derechos Humanos en Venezuela

En el siglo XX hasta finales de 1948, la lucha por los derechos humanos era nula debido al régimen impuesto por los gobiernos dictatoriales, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se  mira cierta reactivación de acciones en este sentido, principalmente  relacionadas con  la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados por esos regímenes, comenzando a agitarse una propuesta de un modelo político democrático.

De ahí en adelante, organizaciones sociales no gubernamentales comienzan a tener mayores posibilidades frente a la denuncia y exigencias en el marco de la Constitución de 1951, por lo cual sufrieron la estigmatización y persecución Estatal.

En la década de los 80, algunos grupos de izquierda inician su participación en el parlamento y algunos cargos burocráticos, sin embargo, en este periodo se agrava la situación de las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública contra la clase popular. A través de figuras como ONG se pretendió ocultar los asesinatos, torturas y judicializaciones, presentándose como un modelo democrático.

La década de los 90 caracterizada por la crisis del modelo rentista y acciones de rebelión cívico militar como la del 4 de febrero de 1992 y el caracazo, quedando al descubierto la falsa democracia, representada por el gobierno y el clero con la protección de una viciada generación militar, y la entrega total de la soberanía nacional al imperio Norteamericano.

Las políticas públicas desplegadas por el Estado venezolano, desde 1999, se orientan a garantizar los derechos humanos y lograr la inclusión plena de sus pobladores, haciendo posible su realización y disfrute de manera integral.

El artículo 19 de la constitución venezolana, garantiza el respeto de los derechos humanos conforme al principio de progresividad y sin discriminación, siendo obligatoria para los órganos del Poder Público, en concordancia con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República. Es en este sentido como se vive un nuevo panorama en Derechos Humanos con la reforma del poder judicial, la defensoría del pueblo y demás instancias competentes en esta materia.

Con la llegada de la revolución se aprueba la nueva constitución y se denomina República Bolivariana de Venezuela, con un proyecto de construcción de socialismo priorizando la vida y la dignidad de los seres humanos y la naturaleza, con el pleno reconocimiento de los pueblos originarios, nuestras raíces.

El Plan de la Patria 2013 – 2019, es muy explícito en cuanto a la inclusión y reconocimiento de los Derechos Humanos y garantías constitucionales fundamentales para el desarrollo de los ciudadanos y ciudadanas del territorio nacional. De esta manera debe entenderse también que es un proyecto con visión no solo a un país sino a Latinoamérica, el caribe y el mundo.

La inclusión de Venezuela en la Comisión de DD.HH de la ONU significa una reivindicación a los avances que se han realizado en los últimos 14 años en materia de recuperación de derechos políticos, sociales, económicos y civiles, sin embargo, la guerra de baja intensidad a la que el imperio norteamericano ha sometido la región latinoamericana y caribeña, está concentrando sus fuegos en la Revolución  Bolivariana, gestando un golpe de estado continuado aupado por diversos sectores de la derecha internacional, las burguesía reaccionaria venezolana y la clase media alienada con su avanzada de juventud fascista.

Esta situación ha disparado la opinión pública nacional e internacional arreciando el bloqueo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, declarando una pretendida inestabilidad política y el resquebrajamiento del hilo democrático de derecho y justicia de las instituciones del país.

La actividad del Estado venezolano a cargo de la Revolución Bolivariana, con sus errores pero también con sus invaluables aciertos, ha evidenciado que cuando se abren los espacios a la participación popular se puede llenar de verdadera justicia social a la política y el ejercicio del poder puede recobrar su fundamento positivo como poder al servicio del pueblo. 

En este contexto, la imperiosa necesidad de abogar por una estabilidad política no implica la cooptación de las bases populares, ni el pacto con sectores de la burguesía o la paralización de la revolución, sino la decisión firme de que sólo con la profundización de los espacios de participación para el pueblo podemos avanzar en la lucha de transformación y que, para ello, es necesario crear las mejores condiciones políticas para su articulación y concreción práctica. Estabilidad política implica, entonces, espacios para la construcción.

Por su parte, la satanización que se quiere hacer de los cuerpos de seguridad venezolanos y su actuación en los acontecimientos recientes, busca trasladar la responsabilidad por los hechos de violencia, desde los grupos fascistas hacia aquellos y, por su medio, al gobierno. Todo el aparato de manipulación de imágenes, videos, artículos de opinión, titulares de prensa, da muestra de que en las recientes protestas de la oposición venezolana el Estado no ha ejercido el poder represivo que quieren mostrar, ni el que los medios le han querido señalar. Los actos de violencia, y no las manifestaciones pacíficas, es estratégicamente necesario para la oligarquía. No es un gobierno el que está en peligro, sino la vida de una población completa.

Las muertes registradas han sido, con toda certeza, intencionalmente provocadas por las facciones que están detrás de toda la embestida fascista (y no las fuerzas de choque visibles) para tener el justificativo del derramamiento de sangre para deslegitimar a un gobierno democrático, participativo y revolucionario. Algunas de estas muertes y la manipulación mediática en torno a ellas ya han comenzado a ser esclarecidas. De igual manera, las acciones policiales fuera del hilo constitucional que han desobedecido las directrices del gobierno central están siendo procesadas y sus responsables llevados a la justicia.

Nuestro país no se encuentra en una situación de ingobernabilidad,  por el contrario, goza de una estabilidad política y fortaleza institucional, la cual, quiere ser resquebrajada aplicando un guion que pretende llevar al sistema político venezolano a desequilibrios límites, que saquen al Estado del campo político (y, por consiguiente, ético), para confrontarlo en el terreno de la ilegitimidad, la ilegalidad y la guerra. Esta situación se enmarca dentro de la guerra de baja intensidad que el imperio en conjunción con sus aliados locales ha impuesto sobre la región. El contexto actual no puede ser calificado sino de golpe continuado.

 

El caso colombiano.

Colombia en el marco de la lógica del sistema capitalista desde el escenario institucional, diseña y formula un paquete legislativo para criminalizar la protesta social y favorecer el despojo, saqueo y expoliación de nuestros recursos por parte del capital transnacional, poniendo en sus manos además el monopolio de los servicios públicos, la educación, la salud y la especulación financiera. En este sentido, la Ley de Sostenibilidad Fiscal, el Estatuto de Seguridad Ciudadana, la ley de Regalías, el Plan de Desarrollo “Prosperidad para el Capital”, la Ley General de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Proyecto sobre la Educación Superior o de Reforma a la ley 30 que si bien fue frenado por la movilización y la participación activa de los jóvenes y estudiantes del país, su contenido sigue siendo la apuesta del Estado colombiano, la reforma al Régimen de Salud, el proyecto de reforma a la Justicia y al sistema de pensiones, la Reforma Tributaria y el acto legislativo de reforma al Fuero Penal Militar, constituyen el marco de la profundización del neoliberalismo en Colombia.

Este paquete legislativo es complementado con una estrategia criminal de agresión que cuenta entre sus ejes con el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas y selectivas en las que se ha llegado hasta incluir a dirigentes sociales en circulares azules de INTERPOL requiriendo su captura internacional, el desplazamiento forzado y la invasión de la vida cotidiana a través de la cual se ha pretendido desarticular el tejido social y asegurar y expandir los intereses trasnacionales en el país.

El paramilitarismo sigue siendo para la oligarquía y los imperios una herramienta ideal de la guerra sucia, con la que se pretende acallar la protesta social y agredir los planes de vida del pueblo latinoamericano. El sometimiento de Mauricio Santoyo a la “justicia norteamericana”, reconociendo su estrecha relación con la política paramilitar, y la condena a 26 años de prisión al general Rito Alejo del Río, por su compromiso con los hechos de sangre del paramilitarismo en Colombia, dejan en evidencia que es parte de la estrategia criminal del Estado que en vez de acabarse, continúa, ahora con el nombre de bacrim o cualquier otro.

Las “locomotoras” impulsadas por el gobierno colombiano, encarnan el cumplimiento de la misión que el capital transnacional y los imperios tienen para el país, proveedor de materias primas, mano de obra barata y arreglar todo para posibilitar el agro-negocio partiendo de la extranjerización de la tierra; esta política económica de tipo colonial que vulneran la soberanía nacional direccionadas con empresas trasnacionales que han agenciado y se han beneficiado directamente de la guerra, lo cual está comprobado no solo con sus nexos con el paramilitarismo sino con todo el lobby adelantado para la aprobación de acuerdos como el Plan Colombia con un fuerte componente militar para la misma, ejemplo de ello, La Chiquita Brands, Perenco, La Drummond, BP, Anglogold Ashanti, Coca Cola, Nestlé y La Oxy, ésta última responsable de la masacre de 17 campesinas y campesinos entre los que murieron 7 niñas y niños en un bombardeo de la FAC al caserío de Santo Domingo municipio de Tame-Arauca, el 13 de diciembre de 1998 y la intromisión directa de los Estados Unidos a través de la implantación de bases militares en Saravena y Arauca que permite la dirección de operaciones militares en territorio araucano y como punto de lanza para la intervención en los intentos de desestabilización del proceso revolucionario en la hermana República Bolivariana de Venezuela. 

En este sentido la actividad extractivista, principalmente la minero – energética se continúa llevando a sangre y fuego, por ello la explotación petrolera que en el oriente colombiano ha significado la destrucción de culturas milenarias; un irreparable daño ambiental como es el caso de la Laguna del Lipa, humedales, esteros, ríos y caños, talas de bosques, alteración de las temperaturas del agua; fuerte militarización con un ejército colombiano convertido en fuerza mercenaria, al servicio del capital transnacional y en contra de su mismo pueblo, que ha traído, muerte, violación de derechos, despojo, supresión de garantías; el accionar encubierto de la fuerza pública con brazaletes de paramilitares; los bombardeos, ametrallamientos y masacres con participación directa de aeronaves al servicio de las petroleras como en el caso de la masacre en Santo Domingo y La Cabuya municipio de Tame – Arauca; desplazamiento de los indígenas y campesino de sus tierras donde han forjado sus cultivos y proyectos para la supervivencia, con el fin de utilizarlos para la sísmica, exploración y explotación petrolera; deterioro de la infraestructura vial; la descomposición social y encarecimiento del costo de vida; despilfarro en los dineros de la salud, saneamiento básico y la educación.

Hoy con la construcción del mal llamado oleoducto bicentenario  y las nuevas exploraciones y explotaciones petroleras, se incrementa en Colombia la presencia militar, la guerra sucia, el Estado se niega a adjudicar los predios a quienes lo han poseído y cultivado desde hace mucho tiempo, con el argumento de encontrarse dentro de los límites de 5 kilómetros a la redonda de un sitio de explotación de hidrocarburos, con lo cual es claro que se acrecentará el despojo y las violaciones de los derechos humanos.

Actualmente se utilizan los muy mentados diálogos de paz, que en esencia no se encaminan a la superación de las causas estructurales del conflicto sino que son más una distracción donde se le conmina a las organizaciones rebeldes en Colombia a una desmovilización como requisito para adentrarse en la ejecución de los compromisos surgidos de los acuerdos en materia del ejercicio de la oposición política, tierras y víctimas, pero no está en el orden del día el acabar con las desigualdades, la inequidad y la entrega de la soberanía nacional, es decir, nada que ver con el cambio del modelo económico.

A pesar de este panorama, el movimiento social y popular en Colombia, sigue teniendo muchos desarrollos que se evidencian con los momentos de auge de las luchas sociales, cual es el caso de los estudiantes alrededor de la MANE, que no sólo lograron detener temporalmente la intención de avanzar en la privatización de la educación superior sino que continúan con su trabajo de presentar una propuesta alternativa; los pueblos indígenas siguen estando a la vanguardia de la defensa de los intereses del pueblo en procesos como la Minga Social y la defensa territorial que libran en el Cauca y la lucha por la conservación de los sistemas estratégicos de Páramos.

Las diferentes iniciativas populares en defensa del agua, el territorio, los ecosistemas, y la firme oposición a los efectos de la locomotora minero energética, marcan sin duda un repunte en las luchas y movilizaciones sociales, ejemplo de ello las acciones en el Casanare, donde los pobladores de Aguazul, Tauramena, San Luis de Palenque, Trinidad y El Yopal se movilizaron por la capital del departamento en contra de los efectos de la explotación de hidrocarburo; el paro agrario desarrollado en Colombia en agosto de 2013 que a pesar de los 19 homicidios, las heridas y judicializaciones no doblegó el pueblo movilizado;  un sin número de actividades de protesta desarrollados en el marco de la semana de la indignación nacional y la gran jornada de movilización del pueblo del Centro Oriente en exigencia a las empresas petroleras y el Estado colombiano para la mitigación de la deuda social, ambiental y humanitaria, trabajo que hoy se reactiva con la realización de la gran Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular que terminó con la presentación de un pliego conjunto al gobierno colombiano y la preparación del paro nacional.

En este panorama social y político, se hace necesario enfocar nuestro trabajo en defensa de la vida digna y el territorio, como el derecho de los pueblos a proponer alternativas de vida a partir de la lucha organizada en contraposición al modelo capitalista, recomponiendo el tejido social con una identidad de clase.

Por tanto, como pueblo consciente, en nuestra línea política y filosófica, concebimos los Derechos Humanos como la lucha constante por alcanzar el equilibrio armónico entre el ser humano y la naturaleza, en el respeto por la vida y la construcción de una nueva sociedad.

En concordancia con ello, proponemos en este I Encuentro Binacional de hermanamiento de los pueblos, lo siguiente:

–Crear un espacio de integración binacional entre organizaciones defensoras de derechos humanos para la interlocución con los Estados. Que sus integrantes sean reconocidos por los Estados y se les permita su movilidad e interlocución institucional a ambos lados de la frontera en desarrollo de esa labor social, así como la promoción y divulgación de los derechos humanos. 

–Generar un espacio de interlocución oficial entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, y organismos de justicia y control de los Estados para el impulso y seguimiento de las investigaciones a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario ocurridos en la zona de frontera que ayude a la superación de la impunidad.

–Crear acuerdos binacionales para la identificación y reconocimiento de los emigrantes y/o refugiados políticos a través de la organización social. 

–Fortalecer la organización social como legado histórico de nuestros dirigentes para la unidad en la acción en defensa de la vida y la permanencia en nuestro territorio.

–Fortalecer los procesos de formación y educación en derechos humanos para conocerlos, exigirlos y contribuir a su efectivo goce.

–Elevar un documento firmado por organizaciones sociales de Venezuela y Colombia a los Estados sobre la efectividad y respeto de los derechos.

–Desarrollar encuentros binacionales para el fortalecimiento de los procesos organizativos a ambos lados de la frontera y la defensa de los derechos humanos, el ambiente y el territorio. 

–Llevar las conclusiones de este encuentro binacional de hermanamiento al seno del Congreso de los Pueblos para que a través de sus delegados oficiales sean presentadas en la asamblea del ALBA de los pueblos.

 

Exigencias

– Al Estado colombiano que el territorio nacional no se tome como plataforma para agredir y/o apoyar los intentos de desestabilización del proceso revolucionario venezolano ni militar, política y comunicacionalmente.  

– A través de la vía diplomática a los Estados que velen por el los derechos de los ciudadanos que viven en territorio de frontera colombo venezolana.