En el desarrollo de la crisis de acumulación de capital, las medidas económicas adelantadas por los gobiernos de turno, aceleran la  precarización de las condiciones de vida de la clase popular, limitando aún más el acceso a la salud, vivienda, alimentación, servicios públicos y educación.

Para el caso concreto de educación, con la Ley 30 de 1992 se impone la consolidación del modelo corporativo y mercantilista, fortaleciendo el lucro en las universidades privadas y el debilitamiento progresivo de las instituciones públicas, llevando a que se cierren las puertas a un sinnúmero de jóvenes de familias trabajadoras que no pueden acceder a la educación superior, ya que las universidades se han proyectado hacia la consecución de recursos propios por medio del alza indiscriminada en el costo de matrículas, la reducción en condiciones de bienestar universitario (becas, alimentación, transporte) y la precarización de las condiciones laborales de trabajadores y profesores.

Este escenario nos permite entender que la lucha por educación no se puede reducir a un elemento reivindicativo de carácter exclusivamente presupuestal, sino que por el contrario se enmarca en una disputa a largo aliento que dé soluciones a la educación superior en términos de bienestar universitario, pleno financiamiento, autonomía, democracia, calidad educativa, y la relación entre la universidad y la sociedad, buscando que no solo su enfoque, sino su funcionamiento estén dirigidos a resolver las necesidades más sentidas del pueblo trabajador.

Ante esta crisis los sectores populares hemos venido construyendo escenarios de articulación, organización y movilización, como fue el movimiento estudiantil de 2011 (Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-), en el que se adelantaron sustanciales apuestas programáticas como lo fue el Programa Mínimo de los estudiantes, la Exposición de motivos y la propuesta de Ley Alternativa de Educación Superior, que
no logró concretarse normativamente, ni retomarse en el momento actual de la lucha.

Esta dinámica de articulación y movilización se reactiva con los Encuentros Nacionales de Estudiantes -ENEES-, que concretan la creación de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior -UNEES- como plataforma unitaria de lucha desde donde convocamos el Paro Nacional Universitario a partir del 11 de octubre, con un Pliego Nacional de exigencias que aborda elementos de financiación, autonomía, democracia y bienestar universitario.

Este Paro Nacional que completa más de 60 días, y en el que hemos participado activamente como Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia -ANJECO-, en medio de marchas, plantones, caminatas, campamentos, tomas, mítines y demás mecanismos, ha convocado la atención de diversos sectores populares y ha puesto en el debate público el papel de la educación, y la necesaria solución a la crisis que la afecta, mientras la respuesta del gobierno ha sido el desconocimiento del movimiento estudiantil, la represión, persecución y criminalización, evidenciada en los múltiples ataques que han llevado a que varios/as compañeros/as resulten heridos/as, mutilados/as o encarcelados/as.

Tras varias semanas de diálogo entre el gobierno, profesores y estudiantes, y a pesar de que la Presidencia y el Ministerio de Educación se negasen varias veces a sumarle más recursos a la educación (y hacer acuerdos con los rectores del Sistema Universitario Estatal -SUE-) las movilizaciones lograron presionar a Duque a presentar una propuesta definitiva de primer acuerdo en la mesa de diálogo, con la cual se aprueban 5.8 billones de pesos (como un regalo navideño para el movimiento estudiantil que resulta ser solo el empaque) que serán distribuidos en base presupuestal, inversión, Colciencias, becas y pago de descuentos. Sin embargo, en el marco de la deslegitimidad del gobierno, la motivación real para la firma del acuerdo parece ser un mecanismo más para mejorar su imagen y mermar la movilización social.

Cabe mencionar que también se da el reconocimiento de la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos en la educación superior pública por resolución ministerial, lo que permite darle una solidez institucional a los acuerdos, que son firmados por Gobierno y comunidad educativa en medio de un ambiente de represión a la movilización del 13 de diciembre.

Si bien este es un primer avance en el marco de la lucha presupuestal, varios puntos centrales de la discusión de modelo educativo, autonomía y democracia quedan postergados para el año siguiente, entendiendo que seremos las comunidades estudiantiles en asambleas locales y en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior -ENEES 2019- donde decidiremos si el mecanismo de Paro Nacional se suspende o se mantiene, teniendo en cuenta que en la mayoría de universidades también estamos dando luchas por reivindicaciones concretas de nuestras universidades.

Aunque es importante reconocer los logros que hemos obtenido, debemos procurar también por reconocer las falencias en cuanto a la organización y proyección política que permita la construcción eficaz de un movimiento estudiantil sólido, construir apuestas tácticas y estratégicas, tomar decisiones de manera ágil y democrática, comunicar, difundir y posicionarse como actor determinante, que no se deje presionar por “ultimátums” del gobierno, sino que por el contrario logre convertir estas coyunturas en posibilidad de acumulación, agitación y movilización ascendente en perspectiva a que la educación pública se privilegie en el Plan Nacional de Desarrollo PND en 2019 – 2022 y la construcción de un paro cívico nacional.

Con la firma de este primer acuerdo el gobierno ha puesto la pelota en nuestro campo, es tarea nuestra evaluar y hacer balance de estos acuerdos para asumir conscientemente las decisiones que definan el rumbo de este movimiento estudiantil, con el que pretendemos no sólo ganar unos recursos que muy posiblemente terminen en las cuentas burocráticas de quienes administran las universidades, sino avanzar hacia la concreción de los puntos que abordan la crisis de democracia y autonomía, ya que en ellos podemos posicionar, además, la lucha por el desmonte del ESMAD, que también hemos impulsado desde la campaña Resistencia a la Militarización de la Sociedad -REMISO-, sin olvidar el horizonte de una nueva política educativa que nos permita avanzar hacia una nueva sociedad.

Es por esto que debemos aportar a que la UNEES camine hacia al  posicionamiento efectivo como escenario de articulación estudiantil y popular, proyectándose y consolidándose a partir de la construcción de formas efectivas de trabajo colectivo, dinámico y constante.

“Jóvenes y Estudiantes por Vida y Dignidad, Luchando por la Región Construimos Nueva Nación”
“Por una Educación Libre y Soberana, Unidad y Lucha”
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia-ANJECO