Saravena, Arauca, 16 de julio de 2015.

ACCIÓN URGENTE

Desde el 9 de marzo de 2015, la comunidad y organizaciones defensoras de Derechos Humanos venimos denunciando las violaciones a los derechos Humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario, que en el marco de la militarización de la vida cotidiana, vienen afrontando los pobladores de la vereda La Paz municipio de Arauquita, principalmente el alto riesgo contra la vida e integridad de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes y en general los miembros de la población civil y sus bienes.

Vulneraciones que se han visto agravadas durante los últimos días con la detonación, en inmediaciones del caserío, de un artefacto explosivo en horas de la noche del 12 de julio, y el enfrentamiento bélico desarrollado el 14 de julio que se prolongó durante 40 minutos, y como producto de los explosivos que detonaron cerca de la iglesia católica resultó con afectaciones físicas una menor de edad y el presidente de la Asociación de Padres de Familia.

Mientras desarrollamos la presente acción urgente, recibimos llamadas de la comunidad, donde informaban que hacia las 7:14 de la noche, se oyeron fuertes detonaciones en inmediaciones de los predios del Colegio Andrés Bello de ese centro poblado, donde el Ejército Nacional ha pernoctado durante los últimos tres meses impidiendo el desarrollo de las prácticas agroambientales de los estudiantes de ese plantel siendo esa su modalidad académica, y que ya habían quedado en medio del fuego cruzado el pasado 14 de mayo de 2015, cuando se disponían a regresar a sus casas luego de la jornada escolar.

Esta grave situación se suma a la que están soportando las comunidades de El Botalón, El Oasis, La Pesquera, Puerto Jordán y Panamá con fuerte presencia militar dentro de los caseríos, y los campesinos y campesinas que tienen sus casas de habitación aledañas a las diferentes vías del departamento, principalmente la de Saravena a Arauca, Saravena a Tame y Tame a Arauca, quienes sufren la invasión de sus hogares por parte del Ejército Nacional con la ubicación y parqueo de sus vehículos blindados cerca de ellos, ya han ocurrido dos casos, uno el 4 de julio y el otro el 15 de julio, en el sitio conocido como Rancho Pilón del municipio de Saravena, donde organizaciones rebeldes han lazado artefactos explosivos que si bien no han dejado daños a la vida e integridad de los campesinos y campesinas, si han provocado pérdidas materiales y zozobra entre los moradores.

Esta condición que coloca a los campesinos y campesinas como verdaderos escudos humanos, los tiene al borde de un desplazamiento masivo de manera preventiva para proteger su vida e integridad, y ya ha generado que los padres de familia del colegio Andrés Bello de la Paz, hayan tomado la decisión de no enviar sus hijos a clases hasta tanto no se dé una respuesta efectiva por parte del Estado colombiano.

Por lo anterior se hace necesario que las autoridades competentes y organismos de control del Estado, tomen las urgentes y efectivas medidas para proteger a los pobladores de esta región, ya que a pesar del conocimiento directo que han tenido la defensoría del pueblo, el CICR, las personerías municipales, los secretarios de gobierno y educación departamental no hay una respuesta eficaz que ponga fin a la vulneración.

Exigimos al Estado colombiano que en el marco de las mesas de interlocución creadas por el decreto presidencial 0285 de 2013, se asuma este tema de manera seria y oportuna abriendo los espacios necesarios para buscar salidas veraces a esta constante amenaza contra los derechos de la población civil.

A la comunidad nacional e internacional hacer los llamados al gobierno colombiano para que cumpla sus obligaciones que en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha asumido.

A los actores del conflicto armado (Organizaciones Rebeldes y Fuerza Pública) respetar las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario concerniente a la protección, distinción y no reciprocidad.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA