Centro Oriente de Colombia, 16 de septiembre de 2018

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen
los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La
historia es nuestra y la hacen los pueblos” S. Allende.

El país está conmocionado con la crueldad que se ha ensañado contra los hombres y mujeres que luchamos por la dignificación del ser humano, por alcanzar una sociedad distinta donde no existan desigualdades ni inequidades y por unas relaciones de equilibrio dinámico con la naturaleza. Esta barbarie que constituye un verdadero genocidio al haber asesinado más de 160 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en lo corrido del presente año y casi 500 desde el 1 de enero de 2016 a la fecha; sumado a por lo menos 60 líderes y lideresas judicializados de los cuales al menos 20 están privados de su libertad; además de los cientos de amenazas que en los territorios han
recibido los activistas sociales, todo ello en razón a su misión y encaminado a limpiar de “obstáculos” los territorios, legalizar el saqueo y despojo, con miras a proteger y expandir los intereses relacionados con megaproyectos extractivistas, agroindustriales, de infraestructura, financieros y de servicios.

Además, los colombianos afrontamos la hecatombe ambiental y la falta de derechos esenciales como la salud, educación, recreación, trabajo y vivienda dignos, el derecho a la participación y el acceso a agua potable y saneamiento básico, así como, la implementación de políticas que restringen el derecho de soberanía y seguridad alimentaria al imponer medidas drásticas de control fitosanitarios a los renglones productivos, mientras que a las corporaciones transnacionales se les facilita su normal desenvolvimiento.

Ante este panorama de falta de garantías mínimas para la existencia, el pueblo colombiano no le ha quedado otro camino que recurrir al legal, legítimo y constitucional derechos a la protesta y movilización social, en los diferentes territorios para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos nacionales e internacionales en esa materia. Esta actividad viene siendo abiertamente señalada, estigmatizada y criminalizada, tendiendo a  empeorar con la actitud y las acciones de altos funcionarios del Estado, como lo ha manifestado el Ministro de la Guerra, Guillermo Botero, al señalar antes de su posesión, que se debería hacer una “regulación” a la protesta social,
y ya en ejercicio de su cargo, entre otras cosas, ha asegurado que “Los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social. Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad y vuelve al país por diferentes vías” declaraciones que reafirman que toda esa violencia profunda contra los líderes sociales y defensores de  derechos humanos constituye la aplicación de una política de Estado, además, esos señalamientos son un sentencia de muerte que pone una lápida en la espalda a todas y todos los que trabajamos por la vida y los derechos.

Esta expresión del talante del ministro de defensa, es propia del rol que juega este gobierno dentro del modo de producción capitalista, pues como dijeran Marx y Engel en el manifiesto del partido comunista, “el gobierno del Estado, no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”, por eso llegan a las carteras ministeriales empresarios que en pos de defender los negocios de su clase, remueven a través del asesinato, encarcelamiento y amenazas, los obstáculos que para este caso, significamos, los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos.

Por lo anterior responsabilizamos al Estado en cabeza del ministro de defensa, por las afectaciones en la vida, integridad y libertad que puedan darse en el desarrollo de nuestra justa, legal, legítima y absolutamente necesaria labor social.

Un Estado que dice ser democrático y garante de los derechos humanos, no debería tener en su estructura de gobierno, a un sujeto de esa estirpe. El ciudadano defensor del pueblo que tiene dentro de su mandato constitucional la defensa y promoción de los derechos humanos, ha dicho que “El ejercicio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia. Vincularla con el accionar de los grupos armados ilegales arriesga a los protestantes y viola el principio de distinción del derecho internacional humanitario”. Por ello exhortamos al Ministro Botero a asumir la responsabilidad y consecuencia política de su actuación, renunciando a su cargo.

Hacemos el llamado al pueblo colombiano, a no dejarse intimidar por estas declaraciones y en general por la actitud del nuevo gobierno, sino a continuar con la tarea histórica de luchar por las transformaciones sociales necesarias haciendo uso de las herramientas jurídicas y políticas que el pueblo ha construido.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!
¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!
¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!!