Denuncia pública

Informante de Ejército en Tutazá (Boyacá) intimida y desplaza familia campesina

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -Asonalca- denuncia a la opinión pública las acciones intimidantes y violatorias de los derechos humanos que han sido cometidas por informantes de la fuerza pública en el Caserío “La Capilla” del municipio de Tutazá por parte de reinsertado de la subversión convertido en informante estatal contra comunidades campesinas del mencionado municipio.

Hechos:

El día 24 de Enero de 2017 en el sector la Capilla del municipio de Tutazá (Boyacá), aproximadamente a las 3:15 de la tarde, un residente del sector, observó el paso repetido de una camioneta blanca sin placas con cuatro hombres adultos en su interior por su lugar de vivienda, uno de los cuales le señalaba de manera insidiosa su hogar. Este mismo hombre, informante del Ejército conocido como Juan Carlos, ha amedrentado en otras ocasiones a familias del lugar de la siguiente manera:

• El 8 de diciembre de 2009, en medio de un fiesta municipal, el señor Juan Carlos encañonó en medio de unas fiestas a una mujer en una calle aledaña del centro del municipio, intentándosela llevar a otro paraje. Esta acción fue frustrada por vecinos y conocidos de la comunidad.
• En varias ocasiones ha amenazado de muerte a personas residentes del sector, torturándolas psicológicamente, para obligar a cometer actos en contra de su voluntad y para que accediera a trabajar como informantes para la “justicia”.
• También forzó a familias a que le dieran posada y comida.

Esta acción de persecución realizada en el centro poblado, provocó pánico en habitantes de la zona llevando incluso al desplazamiento de una familia, incluyendo menor de edad, a la estación de policía local a la cual llegó el jueves 25 de enero a las 7 am. La persona jefe de hogar ingresó de manera inmediata a la estación de policía para realizar la denuncia y dar declaración de los hechos. Sin embargo, ante la ausencia del encargado de la toma de declaratoria, solicitó aproximadamente a las 10 am el traslado a otro municipio donde personal de derechos humanos pudiese auxiliarla. A la 01:00 de la tarde, la persona es entregada por el comandante de policía y el personero municipal de Tutazá, a defensores de derechos humanos, aún sin realizar las declaraciones correspondientes ante las entidades competentes del Estado. Acto seguido, se desplazan a la ciudad de Tunja para desarrollar la declaración de amenaza y desplazamiento forzado. A pesar de los esfuerzos realizados ante las diferentes instituciones, fue imposible realizar la toma de declaración ese mismo día por la ausencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo. De igual forma, se intenta tramitar la denuncia el siguiente día desde las 2 pm en la Personería de Tunja, quienes quedaron pendientes de entregar el certificado el día lunes 29 de enero. La denuncia ha sido imposible de realizar puesto que la funcionaria de esta institución argumentó fallas en su computador al recepcionarla, debido a esto no se han activado el mecanismo para proteger la vida y los derechos básicos para la familia desplazada.

Este acto de violación a los derechos humanos empeora la situación del municipio afectada por la circulación de un panfleto (adjunto) en días recientes anunciando “limpieza Social”, esto se presenta en una zona de amplia presencia de miembros del grupo Mecanizado Silva Plazas del Ejército, Gaula y policía Nacional.

Por lo anterior denunciamos:

1. La persecución y desplazamiento de familias campesinas del municipio de Tutazá por acciones intimidantes cometidas por informantes al servicio de las fuerzas armadas.
2. La ineficacia de las instituciones del Estado ante la condición de amenaza, vulneración y desplazamiento de familias en Tutazá. La inoperancia de las instituciones encargadas de receptar las denuncias y amenazas que puede ser entendida como otro de los mecanismos de segregación, revictimización, invisibilización y silenciamiento a los que están siendo sometidos los movimientos sociales, sus líderes y las comunidades.
3. El manejo inadecuado y turbio del personal desmovilizado por parte de las instituciones y del ejército, en tanto que sus componentes vienen realizado acciones de intimidación y amenaza.
4. La política sistemática de persecución, señalamiento y exterminio contra las organizaciones sociales representada en desplazamiento, actos en contra de la dignidad humana.
5. La recurrencia de acciones violatorias de los derechos humanos contra la población civil producto de acciones directas e indirectas de las fuerzas estatales en Labranzagrande, Paya, Pisba y Pajarito.

Exigimos:

1. Que se Garantice el derecho a la vida, la permanencia en el territorio y a la dignidad humana al conjunto de ciudadanos y, en especial, a las y los líderes sociales que vienen siendo amedrentados por medio de la intimidación y el miedo por parte de actores militares.
2. Se esclarezcan los hechos y la corresponsabilidad que tienen las fuerzas militares y los organismos de inteligencia en este tipo de hostigamiento a la población civil, Que se respete la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.
3. La creación de una mesa departamental de derechos humanos de alto nivel que articule las instituciones con las organizaciones sociales para buscar soluciones a estas problemáticas.

ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO-ASONALCA
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