DECLARACIÓN POLÍTICA

JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN “CONTRA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POR UNA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL”

Centro Oriente de Colombia, 9 de Abril de 2015.

El Estado que se muestra como abanderado de la paz y los derechos humanos, con sus políticas y leyes muestra su esencia criminal y depredadora.

El pueblo colombiano ha venido sufriendo el abandono en la inversión social, el poco acceso a la educación y la mala calidad de la misma que se suma además a la nula garantía de transporte y alimentación escolar, el no cubrimiento de los servicios administrativos en las instituciones, la falta de profesores y la escasa posibilidad con que cuentan los jóvenes bachilleres para acceder a la educación superior; el riesgo inminente de la vida y la integridad por la carencia de una salud aplicada como un derecho fundamental que ha llevado a que las personas se mueran esperando una atención integral, los pocos tratamientos no se compadecen con la gravedad de las enfermedades y los medicamentos no se suministran de manera oportuna y acorde al padecimiento de los pacientes, la inexistencia de unidades de atención especializadas en la mayoría de los municipios del país, aunado a la violación sistemática de los derechos laborales de las y los trabajadores de la misión médica; el acaparamiento de las tierras en manos de la oligarquía y las empresas transnacionales producto del despojo y la adjudicación para el desarrollo de megaproyectos minero-energéticos, de infraestructura y agro-combustibles, y no para la producción de alimentos y agua para la vida.

La hecatombe ambiental, social y humanitaria producto de la actividad extractiva para el saqueo y expoliación de nuestros recursos que ha llevado al desplazamiento forzado en grandes masas de campesinos, indígenas y afro-descendientes, la vulneración de sus derechos ancestrales y la pérdida de identidad, valores y costumbres.

Penurias compartidas por la mayoría de los sectores populares, oprimidos y empobrecidos del país, que afrontan además, el desempleo, subempleo, marginación y exclusión.

Todo ello consecuencia de los dictámenes y misiones que el sistema capitalista le impone a los países mal llamados subdesarrollados o del tercer mundo.

En esa dirección, el gobierno nacional para profundizar el sistema y su estado actual, el modelo neoliberal, propone su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que terminará la tarea de entrega total de la soberanía, los recursos y la privatización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Para garantizar el cumplimiento de esos dictámenes, se arrecia la estrategia criminal de agresión contra el pueblo, aumentando la militarización de los campos y ciudades con una fuerza mercenaria al servicio de los intereses del capital transnacional que contraría el legado de lucha por la independencia, libertad y soberanía adelantada por el ejército de Bolívar del cual dicen descender; aumenta el desplazamiento, judicialización y muerte a las personas que se atreven a reclamar su derecho a la tierra y a una vida digna; y persigue y estigmatiza el movimiento social.

Sin embargo, se habla de la paz, el reconocimiento y el derecho de las víctimas como prioridad del Estado mientras se dilata el cumplimiento de los acuerdos mínimos efectuados con la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular para entrar a un proceso de interlocución nacional y regional que permita dar solución al pliego de exigencias.

Con base en todo lo anterior declaramos:

Que rechazamos contundentemente el Plan Nacional de Desarrollo, por ser un instrumento encaminado a afianzar el sistema económico imperante en detrimento de la vida, la dignidad, la soberanía y la paz.

Que reiteramos nuestras apuestas por una paz con justicia social, que conlleve a la superación de las causas estructurales que generaron el conflicto político, social y armado en el país.

Que denunciamos las sistemáticas agresiones y amenazas contra la vida, la integridad y la libertad de los campesinos y campesinas que retornaron a sus tierras despojadas por el Estado y la OXY en el complejo Caño Limón, y como Movimiento Político de Masas nos dispondremos a desarrollar las acciones pertinentes en defensa de sus derechos.

Que es la movilización y la lucha social las principales herramientas para la transformación de la sociedad.

Que reiteramos nuestra solidaridad con los campesinos movilizados en el Sur de Bolívar, los indígenas del Cauca y el hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.

Exigimos al Estado colombiano:

Se cumplan los acuerdos hechos en el marco de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y los pactados en la mesa de interlocución regional.

Se desmilitaricen los territorios indígenas, campesinos, afro-descendientes y las universidades.

Se deje de dar un tratamiento de guerra a la movilización y la protesta social, dejando en libertad de manera inmediata al dirigente social, compañero ALEXANDER TIBACUY LAGUADO, presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal de Arauca, así como a todas y todos los líderes sociales y populares judicializados en ese marco.

La reversión del campo Caño Limón a la estatal petrolera y la mitigación de la histórica deuda social, ambiental y humanitaria de la OXY con el pueblo araucano.

El Gobierno Nacional instale con el movimiento social y las comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus peores manifestaciones la tercera mesa de diálogo nacional que posibilite discutir los problemas sociales desde cada una de las regiones.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!

MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA