Saravena-Arauca, 7 de septiembre de 2015.
DENUNCIA PÚBLICA
La Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca AMAR miembro de la Confluencia Nacional de Mujeres para la Acción Pública, nos permitimos denunciar y rechazar enérgicamente los atropellos que vienen viviendo las mujeres, niñas y niños, y la comunidad en general de la vereda Puerto Contreras del municipio de Saravena.
En la madrugada del sábado 5 de septiembre, los pobladores y pobladoras de Puerto Contreras fueron despertados por los golpes y patadas en las puertas de sus casas provenientes de policías y soldados que desarrollaron operativo militar en compañía de policía judicial.
En desarrollo de dicho operativo los militares y policías entraron arbitraria y violentamente a las casas, con pistola en mano procedieron a hacer tirar al piso a los civiles sin importar que se hallaban en presencia de niñas y niños, ya estando dentro de las viviendas manifestaron tener orden de allanamiento pero ésta no les fue dada a conocer a los habitantes.
Durante los allanamientos no se les permitió a los habitantes vigilar la diligencia situación que llevó a la pérdida de dinero producto de su actividad económica.
Las mujeres que habitan este caserío han sido víctimas de señalamientos y estigmatización por parte de los miembros de la fuerza pública quienes las han tildado de ser las “mujeres de los guerrilleros”.
La comunidad en ejercicio de su autonomía y como alternativa al abandono del Estado para satisfacer las necesidades básicas del pueblo, instalaron un peaje para recolectar fondos que permiten mantener en buen estado la vía que los comunica con el casco urbano del municipio el cual es administrado por las mujeres del comité de AMAR y a través de este se le brinda oportunidades de empleo a las mujeres del sector.
Este ejercicio legítimo, fue tendenciosamente estigmatizado de “ser un mecanismo para recolectar fondos para las mujeres de los guerrilleros”; así mismo les pidieron el listado de mujeres que trabajan en el peaje, situación que preocupa a la comunidad sobre el objetivo y uso que le darán los militares a dicha información, ya que es un forma de criminalizar la labor social que desarrolla las comunidades y las organizaciones sociales como AMAR a favor de las mujeres, niñas y niños víctimas del conflicto armado, quienes con señalamientos como los realizados por los militares y policías se ven revictimizadas y vulneradas en sus derechos fundamentales poniendo en riesgo su vida, integridad y libertad, así como violentando su derecho al trabajo ya que la fuerza pública no ha permitido que se siga desarrollando esa actividad.
De la misma manera, las mujeres y demás habitantes de la región han denunciado que los niños y niñas han sido indagados por los militares con el fin de obtener información sobre el accionar de las organizaciones rebeldes en la zona, cuestión que va en contravía del derecho especial de protección que merecen los niños, niñas y adolescentes consagrado en los diferentes instrumentos nacionales e internacionales de Derechos Humanos ratificados y adoptados por el Estado colombiano y aplicados en el territorio nacional.
Desde el 5 de septiembre, los miembros de la fuerza pública permanecen en el caserío dentro de las casas donde han instalado sus dormitorios, invadiendo los diversos sitios de las viviendas de los civiles, interfiriendo en el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de los pobladores y especialmente actos que atentan contra la dignidad de las mujeres y niñas.
Por lo anterior, exigimos a las autoridades de justicia y control del Estado investigar los hechos denunciados por las comunidades, así mismo, exigir a la fuerza pública la salida de las casas de los civiles en cumplimiento de las normas y principios del derecho internacional humanitario tendientes a proteger a la población civil y no exponerla a acciones en el marco del conflicto armado que vive el país y que en esta región hemos soportado con gran intensidad.
POR DIGNIDAD, JUSTICIA E IGUALDAD
ASOCIACIÓN AMANECER DE MUJERES POR ARAUCA AMAR
CONFLUENCIA NACIONAL DE MUJERES PARA LA ACCIÓN PÚBLICA
POR EL DERECHO A EXISTIR, PENSAR Y DECIDIR