Noviembre 26 de 2018
Desde la década de los 70, la agenda neoliberal privatizadora viene instaurándose de manera sistemática y paulatina en la región. Los derechos conquistados por años de lucha los vienen transformando en servicios prestados por entes privados, en mercancías a los que solo pueden acceder quienes puedan pagar, esto lleva a comprender porque hoy son arrebatados nuestros derechos sociales, entre ellos, la salud y la educación.
La educación pública soporta la embestida de la crisis estructural del capitalismo, no es una mera coincidencia la situación actual de las IES quienes afrontan los efectos de una visión mercantilista que promueve la educación financiada de la deuda (ICETEX) y la precarización de la misma. Algunos cálculos muestran un desfinanciamiento de aproximadamente 16 billones de pesos, un déficit de funcionamiento que data históricamente desde 1991.
Vale la pena recordar que, en el año 2011, durante el gobierno de Santos, el movimiento estudiantil logró tumbar la reforma a la ley 30 que aumentaba la desfinanciación de la educación pública, la cual comenzó con los actos legislativos de 1999 y 2001.
De ello deriva que un 68% de los docentes universitarios padecen deterioro en las condiciones de trabajo, las flexibilizaciones laborales bajo la modalidad de contratos temporales no superan los 4 meses y truncan la carrera profesional. A este panorama de la educación pública se suma el incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos con FECODE, la ley de financiamiento, que evidentemente beneficia la economía extractivista de las multinacionales y al capital financiero internacional, la persecución, exterminio y estigmatización de las y los líderes sociales, como consecuencias directas de las políticas neoliberales y la crisis del capitalismo.
Hoy frente a la movilización de los estudiantes universitarios y expresiones de solidaridad de padres de familia, estudiantes de secundaria, educadores y trabajadores en general, la respuesta del títere Duque ha sido la represión en contubernio con los mandatarios locales, gamonales del poder departamental. Por otro lado y aunado a la ley de financiación que no es más que otra reforma tributaria, la respuesta es que quienes paguen renta tengan la capacidad de “ donar” parte del pago de sus impuestos a la educación superior, es decir, el Estado pretende cargar sobre la clase trabajadora y la clase media el pago de la deuda social con el pueblo colombiano, mientras ellos, los grupos económicos, politiqueros y la justicia de bolsillo se reparten la tajada de las riquezas de la Nación, de allí que las buena intenciones del nuevo gobierno de la “lucha contra la corrupción” es un canto a la bandera, cuando ellos hacen parte de esa clase que vive a costillas de la riqueza producida por el pueblo trabajador.
Por lo tanto, nos unimos a la lucha por presupuesto para la educación, a la solución de infraestructura de las IES públicas del país, al aumento de la planta docente, al aumento en los apoyos a los semilleros, grupos y centros de investigación dentro de las universidades públicas, exigimos que el ICETEX elimine toda tasa de interés en los préstamos de formación universitaria.
Como trabajadores repudiamos el terrorismo de Estado ejercido hacia la comunidad educativa a través del ESMAD y exigimos su desmonte inmediato. Hacemos el llamado a elevar el nivel político de la movilización y sus activistas, ya que entendemos que la lucha por el presupuesto es apenas una pequeña tarea dentro de nuestra meta de conquistar una educación del pueblo y para el pueblo. En rechazo a la profundización de las brechas sociales, y la evidente arremetida a la educación pública, la salud, el medio ambiente, en defensa de una vida digna y paz con justicia social, las y los trabajadores, CUT, FECODE, Organizaciones Sociales, Gremios y Sindicatos, nos movilizamos este 28 de noviembre.
Hacemos un llamado a conformar una contundente unión de los diferentes sectores, Sindicatos, Gremios, Mujeres, Estudiantes, Trabajadores, Campesinos, Profesores, para ejecutar próximamente un decidido paro nacional en defensa de: la Educación Pública y la salud; en defensa de los territorios y a la solución política del conflicto social y armado; contra el paquete normativo regresivo y antipopular de reformas: pensional, laboral y tributaria; cese de la violencia sociopolítica en contra de líderes y lideresas sociales, y defensores de Derechos Humanos, pueblos y comunidades.
TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD POR UNA VIDA CON DIGNIDAD
