Centro Oriente de Colombia, 18 de septiembre de 2016.
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Desde el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, enviamos nuestro saludo de reconocimiento y fortaleza a todos los hombres y mujeres que día a día avanzan en la construcción de vida digna en el territorio.
Consecuentes con nuestro legado de lucha en defensa de los derechos fundamentales de los pobladores, nos permitimos denunciar y alertar ante la comunidad nacional e internacional diferentes hechos que vienen ocurriendo en la región y que ponen en riesgo la vida y la permanencia en los territorios.
- Nuestra región históricamente ha afrontado el abandono del Estado en inversión social, negándole a los pobladores el derecho de vivir dignamente en sus territorios, pese ser una zona con grandes riquezas naturales explotadas indiscriminadamente por el capital transnacional sin que ello se vea reflejado en el bienestar de las comunidades.
Un ejemplo claro de esto, es la situación de Casanare, donde los recursos económicos han ido a parar en los bolsillos de los politiqueros de turno, bajo la inoperancia de los organismos de justicia y control estatal. Los pobladores de Yopal, no cuentan con el servicio de acueducto, y la infraestructura vial se ha ido deteriorando como consecuencia del tránsito permanente de maquinaria de las petroleras.
A la vez, se ha asignado un proyecto con más de 70.000 millones al consorcio colombo-ecuatorianos Hidalgo e Hidalgo Colombia SAS (HeH), para la construcción de infraestructura en la vía Cusiana entre el caserío El Crucero y el casco urbano de Aguazul. Este consorcio ha desconocido los acuerdos pactados con las comunidades, no tienen en cuenta la mano de obra local y se violentan gravemente los derechos laborales de sus trabajadores.
- El presidente Santos, sus ministros y la alta cúpula militar, en lo corrido del año, han visitado más de diez veces al departamento de Arauca, record sin precedentes en la historia, no para resolver el estado de abandono sistemático y la crisis social, sino para anunciar e implementar medidas represivas con el incremento del pie de fuerza militar dirigida a la protección de la infraestructura petrolera, afectadas por las acciones de las organizaciones rebeldes.
Sin embargo, cada vez que los pobladores y gobernantes del departamento exigen la designación de recursos económicos para la inversión social, la respuesta de los ministros y del vicepresidente, ha sido enfática en afirmar que no hay disponibilidad de los mismos.
- En Boyacá a pesar de haberse firmado acuerdos entre el gobierno y la nación Uwa y campesinos movilizados en defensa del ZIZUMA, Parque Nacional Natural El Cocuy, el ministro de ambiente ha hecho declaraciones públicas donde plantea la apertura del parque desconociendo dichos acuerdos. De la misma manera, el asesor para el diálogo social de la gobernación y algunos medios de comunicación han hecho afirmaciones que estigmatizan y ponen en riesgo la vida, integridad y libertad de los indígenas y campesinos involucrados en esa lucha social.
- Los campesinos, campesinas e indígenas que vienen haciendo uso de su derecho a la defensa y permanencia del territorio, en el corregimiento El Porvenir municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, sufren un nuevo intento de despojo violento de sus tierras. Veintiuna familias han sido desplazadas por paramilitares al servicio de la familia Carranza. Es de recordar que estas tierras que han sido usadas por los campesinos e indígenas en sus labores agrícolas y pecuarias, fue declarada como una ZIDRES, poniéndola al servicio del gran capital para la producción agroindustrial de Cereales.
- Los territorios colectivos ancestrales, siguen siendo objeto de las agresiones del Estado, un último caso ocurrió en la madrugada del 4 de septiembre, donde la Fuerza Aérea Colombiana desarrolló un bombardeo en predios colectivos de la comunidad indígena del Resguardo Cibariza del municipio de Fortul – Arauca. En esta violación a las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario, resultaron afectadas las infraestructuras del puesto de salud y la escuela, además, de generar malestares físicos y psicológicos a familias indígenas quienes desarrollaban un ritual cultural de ayuno.
Estos hechos continúan ocurriendo en el contexto actual en el que el gobierno nacional viene hablando de la construcción de la paz, pero sus acciones son dirigidas directamente a profundizar la crisis social y humanitaria, a costa de los intereses del pueblo, en detrimento de los ecosistemas estratégicos indispensables para la vida y en favor del capital transnacional.
Llamamos a las expresiones organizativas a estar en máxima alerta y denunciar cualquier hecho que atente contra la vida y los intereses colectivos; a la comunidad nacional e internacional estar atentas a las dinámicas sociales en los territorios, incidiendo en los organismos internacionales para que el Estado cumpla sus compromisos internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
A los compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos del Cauca, Cesar y Norte de Nariño, al pueblo AWÁ, nuestro saludo de solidaridad y acompañamiento por la pérdida irreparable de los compañeros asesinados por el Estado en el marco de la guerra sucia contra el pueblo.
¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA! MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA
