Centro Oriente de Colombia, 22 de octubre de 2018

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Ante los deseos efervescentes de la mayoría de colombianos por gozar de condiciones de vida digna en los territorios el Estado responde con más recortes presupuestales para los derechos fundamentales, mayor disposición de recursos para la financiación de la guerra y continuidad de la criminalización de la protesta social.

Tal es el caso de la evidente y progresiva des-financiación que amenaza el sostenimiento, la calidad y el carácter de las Instituciones de Educación Superior Públicas del país, quienes sufren un déficit de 15 billones de pesos. En contraposición, el Estado dispone de un alto porcentaje del erario público para el fortalecimiento militar y de “seguridad”. Mientras que el gasto militar aumentó un 8%, la inversión social disminuyó un 16%.

De igual manera, existe un reiterado incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos pactados con el magisterio a nivel nacional llevando a los docentes a afrontar el deterioro de las garantías laborales y sociales ganadas históricamente a través de las luchas obreras. Así, los educadores ven como, entre otros, su derecho a la salud, cada vez, es más precario que hasta las citas de medicina general son negadas, sin que haya intervención del Ministerio de Educación ni la Fiduprevisora para ejercen su labor y garantizar que las entidades prestadoras cumplan con los términos de los contratos.

Por otra parte, la criminalización de la protesta social, representada en la judicialización de dirigentes sociales continúa en los territorios. Así, a la captura arbitraria de la que fueron objeto los dirigentes campesinos Hermes José Burgos y Alix Miriam Aguilar de nuestro movimiento en el Casanare el 30 de septiembre y el compañero Pastor Mora Vallejo del movimiento hermano Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca el 3 de octubre, se suma, la ilegal detención y judicialización el 20 de octubre, del compañero dirigentes campesino y comunal Horacio Lizarazo, miembro de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro y de la Junta de Acción Comunal de la vereda San José de Caranal del municipio de Arauquita. Esta flagrante violación al derecho fundamental a la libertad, se precede de constantes estigmatizaciones y persecuciones por parte del Ejército Nacional, en razón de su labor social en defensa de los intereses comunitarios y en oposición al desarrollo de actividades petroleras que se pretenden implementar en ese sector.

Por lo anterior, desde el el Movimiento Político de Masas Social Y Popular del Centro Oriente de Colombia, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, los derechos humanos y la permanencia en el territorio, a la vez que celebramos y apoyamos las jornadas de movilización que adelantan el movimiento estudiantil colombiano impulsadas a través de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES), en defensa de la educación pública y emancipadora; así mismo, reconocemos la justa causa que motiva el paro nacional del magisterio colombiano convocado a nivel nacional por FECODE y que en nuestra región se materializa a través de la Fuerza Nacional Magisterial FUNAMA; en consecuencia, invitamos a los sectores sociales y comunidad en general a vincularse y apoyar las distintas actividades que, en ese marco, convoque el magisterio y lo estudiantes en la región.

Reiteramos el ejercicio del legítimo, legal y constitucional derecho a la protesta y movilización social como herramienta para la exigibilidad de nuestros derechos fundamentales, así como, exaltamos la dignidad y valentía de las compañeras y compañeros encarcelados y ratificamos nuestro compromiso de lucha por su pronta libertad.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!
¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!
¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!!