Centro Oriente de Colombia, 21 de septiembre de 2015.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, integrante del Congreso de los Pueblos, saluda fraternalmente a todas y todos, hombres y mujeres que con su fuerza construyen vida digna en el territorio.

En un ejercicio de autodeterminación como pueblo soberano, la hermana República Bolivariana de Venezuela, tomó la decisión de reorganizar su seguridad en la zona de frontera con Colombia, cuestión que ha develado una problemática histórica de éxodo de colombianos hacia ese país y hacia otros de Latinoamérica y el mundo, que huyendo de la grave crisis social humanitaria buscan refugio en tierras extranjeras donde les brinden posibilidades de subsistencia.

Este conflicto y la violencia generalizada que vive nuestro país desde inicios de 1920, generado por el apetito voraz del capital transnacional de saquear nuestros recursos y despojar a los campesinos de sus tierras, y la falta de garantías de derechos fundamentales por parte del Estado colombiano, ha hecho que millones de familias tengan que buscar alternativas en otros países, propiciando oleadas migratorias.

Hoy, cuando producto de esa decisión legítima del gobierno venezolano, han sido deportados 1.482 colombianos y 19.952 que han vuelto al país por su voluntad, según cifras de la ONU, el gobierno, la oligarquía colombiana y los medios masivos de comunicación, han generado un show aprovechando la situación para atacar una vez más el proceso de revolución bolivariana, y con un falso nacionalismo ahora sí se habla de la protección y acompañamiento a los nacionales que precisamente habían salido del país por esa desatención y carencia de oportunidades, lo cual contrasta con lo dicho por la Corte Constitucional sobre el estado de cosas inconstitucionales con el desplazamiento masivo interno de personas que supera los 6 millones y que no ven satisfechos sus más mínimos derechos.

Los medios masivos de comunicación y sectores de poder del país se escandalizan por el tratamiento que le da Venezuela a los migrantes pero no hacen la misma defensa cuando se trata de éstos en países como Estado Unidos, Israel y otros.

De otro lado, la presencia de estructuras paramilitares en territorio venezolano, no es un secreto que no son hechos fortuitos sino que responden a una planeación y diseño que fue reconocida por exfuncionarios del gobierno colombiano que participaron en ello durante el gobierno de Álvaro Uribe, como es el caso del exjefe de informática del extinto DAS, Rafael García, quien reconoció que “si existió un plan para conspirar contra el gobierno de Venezuela y se creó un grupo especial, y clandestino, el cual tenía la misión de infiltrarse en ese país”.

En toda la campaña y las acciones realizadas por la ultraderecha venezolana contra el proceso de revolución bolivariano, se cuentan, el golpe de estado que pretendió sacar a Hugo Chaves del poder; el saboteo a la empresa estatal petrolea PDVSA; el acaparamiento de los bienes generales de consumo por parte de las grandes empresas; las movilizaciones violentas que causaron la muerte de más de 43 personas; el asesinato del diputado a la Asamblea Nacional Robert Serra, en lo que se ha conocido como un golpe suave, entre otros hechos, los cuales han contado no solo con la participación del imperialismos sino también de las oligarquías colombianas y venezolanas.

Ahora, se utiliza la situación actual señalándola como una violación masiva de los derechos humanos y una xenofobia hacia los colombianos queriendo ocultar con ello las realidades que la sustentan, además de las violencias generadas a través del paramilitarismo está el tema del contrabando por extracción que hace que productos que son subsidiados o entregados gratuitamente por el Estado venezolano sean sacados del país por las la grandes mafias para ser vendidos a altos precios obteniendo ganancias a costa del desabastecimiento al otro lado de la frontera y del estancamiento productivo en el lado colombiano, y que éste nada tiene que ver con el intercambio comercial que históricamente han desarrollado los pueblos colombo-venezolanos así como en otras fronteras del mundo.
Por lo anterior exigimos al Estado colombiano no solo atender las necesidades básicas de los retornados como una obligación constitucional sino garantizar la inversión efectiva en salud, educación, vías, vivienda, servicios, en general cumplir con la vigencia plena de los derechos fundamentales de todas y todos los colombianos.
Que los diálogos directos con el gobierno venezolano sirvan no únicamente para reconocer la crisis y la responsabilidad en ella del Estado colombiano sino para adoptar las medidas necesarias para regularizar la relación fronteriza.

A los medios masivos de comunicación no utilizar estos hechos para generar odio entre pueblos e instigar a una innecesaria guerra entre países hermanos, que de llegarse a dar los que morirían serían únicamente los hijos de los pobres.

Agradecemos al gobierno Bolivariano de Venezuela la atención prodigada a los colombianos y colombianas que llegaron a su territorio en búsqueda de mejores condiciones de vida, a la vez, solicitamos que se investiguen los hechos en los que se hayan podido cometer excesos en el uso de la fuerza.

Por último, aprovechamos este pronunciamiento para expresar nuestra solidaridad incondicional con el compañero FELICIANO VALENCIA, líder indígena del Cauca, injustamente judicializado en el marco de la criminalización de la protesta social, exigimos al Estado colombiano el respeto por la autonomía y jurisdicción especial indígena y su libertad inmediata.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!

MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA

MANDATO, MANDATO, MANDATO POPULAR…CONGRESO DE LOS PUEBLOS FORJANDO LA UNIDAD