Saravena, 20 de septiembre de 2019.

DENUNCIA PÚBLICA

MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ARREMETEN SU ACCIONAR DE GUERRA CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL

Desde la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, se ha venido visibilizando constantemente las múltiples vulneraciones de los Derechos Humanos y del DIH por parte de los actores armados.

Sin embargo, estos hechos siguen presentándose en el territorio. Esta vez la agresión fue contra la lideresa social y defensora de derechos humanos de las mujeres Yolanda González García.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del día 19 de septiembre en inmediaciones del sitio conocido como el Alto de la Virgen, sector la Piazzola departamento de Norte de Santander, cuando la dirigente se transportaba por la vía de la Soberanía en el vehículo otorgado por la UNP como medida de protección y que era conducida por su escolta, Ezequiel Méndez Rivero. Al llegar a un retén militar y atendiendo la señal de pare el conductor detiene el vehículo y se presenta como miembro de la UNP, así mismo, indica que va con su protegida, sin embargo, los militares no ponen atención a sus palabras y de manera violenta les indica a gritos que se bajen del vehículo. Ante esta situación la lideresa, decide bajarse del carro para ver cuál era la dificultad, pero es increpada para que levantara las manos, seguidamente los militares accionan sus armas de dotación asesinando al señor Ezequiel Méndez y causando heridas a la dirigente social, propinándole tres impactos de arma de fuego, dos de ellos en una de sus extremidades superiores, y otro a la altura de la cabeza.

Lo anterior da cuenta del actuar de la fuerza pública encaminado a asesinar en estado de indefensión a las dos víctimas; la lideresa Yolanda, solo fue atendida cuando una persona de civil se da cuenta que ella está viva e indica que deben salvarle la vida.

Hechos como este demuestran una vez más que la militarización no es garantía de la protección de la vida e integridad de los civiles sino todo lo contrario, constituyen un riesgo inminente de vulneración de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Además reiteran la situación de los líderes y lideresas sociales, que vienen siendo asesinados, perseguidos, amenazados, encarcelados y estigmatizado, en el genocidio cuyos rigores se han incrementado y que en lo corrido de este año van 155 asesinados.

Hecatombe humanitaria que el Estado ha querido minimizar y legalizar, con afirmaciones que pretenden ligar la responsabilidad a pleitos por cuestiones económicas o sentimentales, o relacionados con supuesta participación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en actos delictivos.

Exigimos al Estado colombiano, cumplir con su obligación legal y constitucional de proteger a los líderes y lideresas sociales en su vida y posibilidad de desarrollar su acción que además de legal y legítima es absolutamente necesaria para la sociedad. Igualmente adelantar por intermedio de sus órganos de justicia y control las investigaciones para esclarecer estos hechos.

A la comunidad nacional e internacional, los invitamos a continuar monitoreando la grave crisis social y humanitaria a la que ha sido llevado el país, y realizar las exigencias al Estado determinarse por sus responsabilidades en esta materia.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA