Yopal – Casanare, 11 de octubre de 2017

Más de un año ha transcurrido desde la última movilización en conjunto de campesinos, indígenas y sectores cívico populares en el departamento. Luego de días de incansable lucha, marchas, visitas y plantones, los gobernantes y representantes de las instituciones del Estado llegan a escuchar las peticiones y las movilizaciones, promesas se oyen y acuerdos se firman.

Como se ha vuelto costumbre con el gobierno nacional, estos acuerdos firmados y compromisos realizados se convierten en incumplimientos, de 2013, 2014, 2016, a nosotros los campesinos, a los maestros, a los camioneros a los indígenas y demás sectores y frente a esto nuevamente debemos movilizarnos en las calles y carreteras del país.

Entre los puntos mas importantes que exigimos en estas movilizaciones resaltamos el reclamo campesino por los tratados de libre comercio firmados por el gobierno de Uribe y puestos en práctica por el gobierno de Santos y que han acabado con la soberanía alimentaria del país y afectado seriamente a familias campesinas y pequeños y medianos productores agropecuarios.

En Casanare, además del incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos de las movilizaciones campesinas, el gobierno departamental en cabeza de Alirio Barrera ha incumplido la palabra empeñada en la Minga de 2016 y el 8 de marzo de este año, al no instalar la mesa departamental de negociación con la Minga Agraria Campesina Étnica y Popular -Casanare-.

El gobierno nacional implementa medidas tendientes a golpear la producción agropecuaria, por medio del ICA ha impulsado la creación de una arbitraria zona de contención producto de su incapacidad para controlar los brotes de virosis de la aftosa, llevando a los municipios casanareños de Sácama y La Salina a una difícil situación, que sumado al negocio de las guías de movilización y negociación hacen cada vez más difícil la situación económica sobre todo para los campesinos y campesinas. Estas medidas son aplicadas mayoritariamente en los departamentos de economías campesinas, de pequeños y medianos productores, sacándolos del negocio para aumentar las ganancias de los grandes latifundistas.

Por su parte otras instituciones del Estado como Corporinoquía se han hecho de oídos sordos con las reclamaciones y reivindicaciones de los sectores sociales, dilatando las reuniones de la mesa ambiental e incumpliendo los acuerdos a los que se hemos llegado.

En el departamento, las afectaciones ambientales que deberían ser vigiladas y fiscalizadas por Corporinoquía en especial a las grandes empresas y multinacionales pasan “de agache” y las grandes empresas manipulan la ley y la incumplen, es así como la Empresa Ecopetrol pretende, por medio de una demanda, desconocer el resultado de la consulta popular realizada en Tauramena y demandar el municipio, convirtiéndose este hecho en una grave violación a la voluntad popular.

No bastando con esto, los gobiernos nacionales y departamentales buscan la manera de encarecer más el transporte y la vida de los casanareños poniendo casi media docena de peajes en las vías que comunican con Yopal, garantizando así la privatización de la infraestructura y la ganancia para las multinacionales de la contratación con el Estado.

La educación en el departamento y más en las zonas rurales se complica, el gobierno departamental ha sido incapaz de asegurar el transporte público de los estudiantes del área rural produciendo deserción e inasistencia.

Acompañamos y apoyamos la protesta de los productores de arroz en contra de los TLC y por apoyo en materia de financiación y créditos agropecuarios, pero a la vez hacemos un llamado a los productores y a las autoridades correspondientes a cuidar el entorno y a producir en equilibrio con la naturaleza, necesitamos un ordenamiento territorial y ambiental que nos demarque las zonas donde el cultivo de arroz afecte mínimamente la fauna, la flora, el aire, las aguas y los asentamientos humanos.

Exigimos: El cumplimiento de los acuerdos firmados entre las organizaciones sociales y populares y el gobierno nacional, departamental y local. La instalación de la mesa departamental de negociación. La renegociación de los TLC, una nueva política agropecuaria fundamentada en la soberanía alimentaria. La dinamización de la mesa departamental ambiental. El retiro y suspensión de los proyectos de construcción y puesta en funcionamiento de peajes. El respeto a los resultados de las consultas populares. Garantizar el funcionamiento del transporte escolar en la zona rural.

Invitamos al pueblo Casanareño, campesino, indígena, las mujeres, estudiantes,jóvenes y trabajadores de la ciudad a movilizarse este 12 de Octubre en la semana de la indignación.

Finalmente extendemos nuestra solidaridad con los campesinos de Tumaco quienes fueron masacrados a manos de la policía y exigimos la judicialización de los autores materiales e intelectuales, exigimos el desmonte del nuevo código de policía y garantías para la protesta social y popular en todos los lugares del país.

Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -Asonalca-

Asociación Defendamos a Casanare.