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Judicializaciones, practicas estatales genocidas contra las comunidades

Centro Oriente de Colombia, 17 de junio de 2020

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

La dinámica social, política y económica de nuestro país se desenvuelve en un marco general de servilismo del Estado colombiano a los designios capitalistas e imperialistas. Para ello, se ha diseñado una estrategia de agresión contra los sectores empobrecidos de nuestro pueblo, ejerciendo sobre ellos violencia directa, política y estructural.

Afrontamos una emergencia sanitaria agravada por el Covid 19 que deja al desnudo la ardua crisis social y humanitaria vivida históricamente por los sectores populares, sin embargo, el Estado lejos de querer auxiliarlos, ha usado la pandemia como excusa para expedir normas que precarizan la vida de las masas pauperizadas.

Mientras en las regiones las comunidades hacen esfuerzos por acoger medidas de cuidado y autoprotección frente al virus, de manera perversa el ministerio de defensa traslada militares de zonas con casos positivos a departamentos como Arauca, sin los debidos protocolos de bioseguridad, siendo el Ejército Nacional el principal factor de riesgo de contagio para la población que ahora debe asumir las disposiciones coercitivas de los gobiernos locales inermes ante la autoridad castrense.

Avanza el despojo de derechos fundamentales a una vivienda, a través de iniciativas como la hipoteca inversa; de derechos laborales con el recorte en las pensiones, la contratación por horas, el retiro o pago diferido de la prima de mitad de año; los derechos de las víctimas de crímenes de Estado a una reparación integral, cuando luego de la morosidad de los entes para cancelar las cuentas de cobro, se propone hacer acuerdos para el pago, condicionando a la víctima a reducir intereses; todo esto para favorecer a los grandes empresarios, banqueros, politiqueros oligarcas del país, cobijados por un manto de impunidad que perpetúa la dominación.

A la vez, se sigue disponiendo de nuestros territorios para acoger militares gringos en continuidad de los planes de saqueo de los bienes de la naturaleza y de injerencia e intervención a la hermana República Bolivariana de Venezuela y su legítimo gobierno encabezado por Nicolás Maduro Moros.

Ante las justas exigencias del pueblo organizado para que se respeten sus derechos, el territorio, y se garanticen unos mínimos vitales para el pueblo, el Estado mediante la Estructura de Apoyo de la Fiscalía EDA del Catatumbo, protegiendo los intereses de empresas transnacionales que saquean los bienes de la naturaleza como es el petróleo, el carbón y los páramos, ejerce otro de los ejes de esta estrategia criminal, la estigmatización, señalamientos, persecución y judicialización de los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.

Es así que nuestro movimiento ha sido objeto de montajes judiciales contra los compañeros Ramón José Contreras, Libardo Parra Pérez, Jorge Vera Mogollón, Primitiva Becerra, Elena Villamizar Vera, Carlos Alberto Mogollón Valencia y Humberto Villamizar, dirigentes comunales y campesinos de los municipios de Chitagá, Presidente y Toledo, Norte de Santander, así como, contra pobladores de esa misma zona, entre ellos los señores Alirio Vera Mogollón, Johanny Vega Gualdrón, Cesar Alirio Quiñonez y Miguel Eduardo Jaime Valero, a quienes se les acusa injustamente de delitos de terrorismo, rebelión, concierto para delinquir, financiación del terrorismo, contaminación ambiental y homicidio agravado en grado de tentativa.

Ya antes lo había hecho la Estructura de Apoyo de Arauca con José Vicente Murillo Tobo, Jorge Niño, Wbeimar Alexander Cetina Lozada, Horacio Ramírez, Reinel Aguilar Fonseca y la Estructura de Apoyo de Casanare contra Hermes José Burgos, Miriam Aguilar, Freddy Figueroa y Carlos Romero, entre otros líderes sociales.

Por todo lo anterior reiteramos nuestro mensaje fraterno al pueblo del centro oriente, valoramos su inmensa gallardía y dignidad, su decisión de aportarle a la construcción permanente de una nueva sociedad en la que prevalezca la vida y las relaciones justas y equitativas entre los seres humanos y el entorno natural, los llamamos a continuar fortaleciendo el tejido social y los liderazgos, a continuar acogiendo las recomendaciones de autocuidado sin dejar de levantar las voces de protesta ante las injusticias.
A nuestros compañeros injustamente encarcelados y sus familias, enviamos un mensaje fraterno de solidaridad y apoyo, y les reiteramos nuestro compromiso inclaudicable por continuar nuestra apuesta por una vida digna, a no desistir de ese propósito pesé las amenazas, la cárcel y la muerte, porque ser líder social no es delito.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!

¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!

¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!!